Comparecencia de Mª Paz García Rubio ante la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de reforma en materia de capacidad jurídica
El pasado martes día 20 de octubre de 2020, María Paz García Rubio compareció como experta ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar, en su condición de miembro de la Comisión de Codificación, sobre el Proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica; proyecto que persigue adaptar el ordenamiento jurídico español al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006.
La Dra. García Rubio destacó la importancia de su artículo 12, verdadero “corazón” de la Convención, por cuanto reconoce la plena capacidad jurídica a todas las personas, con y sin discapacidad, entendiendo por capacidad jurídica tanto la posibilidad de ser titular de derechos como la capacidad para su ejercicio; idea que el ordenamiento jurídico español, aunque doce años después de dictada la Convención, trata de adoptar con este Proyecto. Los otros dos puntos clave de la reforma, como bien explicó la experta, son el concepto de apoyo, que no debe ser sustitutivo de la voluntad, y la salvaguarda de los deseos y preferencias de la persona con discapacidad, que no tiene por qué coincidir con su mejor interés. García Rubio insistió sobre la importancia de considerar la prioridad de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria y sobre la comprensión de la curatela como una figura asistencial, y solo muy excepcionalmente representativa, y prácticamente en ningún caso sustitutiva.
Por último, señaló algunos de los extremos sobre los que el legislador deberá pronunciarse, por ser una cuestión de política jurídica, como es el de considerar o no que la persona pueda prescindir de los apoyos; o la necesidad de aprobar, en un futuro próximo y por medio de una Ley orgánica, la reforma sobre los internamientos forzosos. Tras su exposición y las preguntas de varios miembros de la Comisión de Justicia, la Dra. García Rubio reiteró que la filosofía del proyecto es acorde con la Convención de la ONU, por lo que, de no estar de acuerdo con sus líneas generales, no se trata de hacer enmiendas al Proyecto, sino que habría que “denunciar” la Convención, lo que chocaría con el hecho de que España fue de los primeros países en firmarla. Por otro lado, la doctora dejó apuntados varios ajustes técnicos que podrían hacerse para mejorar el Proyecto, por ejemplo, en lo que se refiere a reforzar la idea de que las instituciones voluntarias son las centrales del sistema, o sobre los diferentes casos que podrán darse a la hora de considerar la nulidad o anulabilidad de los contratos celebrados por personas con discapacidad.