"Las personas con discapacidad: retos, cuestiones y soluciones para sus problemas jurídicos"

El Grupo de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela De Conflictu Legum organizó la tarde del miércoles 8 de febrero una de sus Jornadas-Seminarios en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Además de los profesores integrantes del Grupo de Investigación citado, contamos con la inestimable colaboración de Isabel Louro, Decana del Colegio Notarial de Galicia, que vino acompañada de un grupo de notarios que ejercen su profesión en nuestra Comunidad Autónoma; de Antonio Roma, Fiscal de A Coruña; y de Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, quien también asistió acompañado por diversos representantes de asociaciones de personas con síndrome de Down.

María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho civil y promotora del seminario, comenzó señalando la importancia de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por España en abril de 2008 (o el 23 de noviembre de 2007?), entrando en vigor en mayo de ese mismo año. Este instrumento que nos compromete y vincula a nivel constitucional supuso –o debió suponer– un cambio en el enfoque de las políticas sobre discapacidad, superando la perspectiva asistencial y caminando hacia una basada en los derechos humanos. Preceptúa en su art. 12 que todos los Estados firmantes deben reconocer que toda persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Ello significa que en primer lugar se debe de respetar la voluntad de la persona con discapacidad, y que si esta necesita de asistencia para la toma de determinadas decisiones, se le prestará el oportuno apoyo. La Convención no hace distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, por lo que se cambia la perspectiva de lo que ha de entenderse por capacidad: las personas con discapacidad son plenamente capaces. No se tratará, por tanto, de determinar el grado de discapacidad, sino el grado de apoyo que la persona necesite en cada momento.

Tras estas premisas surgió un diálogo entre todos los asistentes al seminario en el que se trataron desde temas sucesorios hasta educativos. Se llamó la atención sobre la figura del pacto de mejora, figura con fiscalidad muy favorable pero que sorprendente (e injustificadamente) no puede hacerse con personas con discapacidad; sobre el derecho a una educación inclusiva, en la que se garantice la normal integración de las personas con discapacidad en todos los centros educativos; sobre la ley 39/2016, de 14 de diciembre que, aunque conocida como “Ley de dependencia", también trata de la necesaria autonomía que en mayor o menor grado pueden tener las personas con discapacidad; sobre la crítica que se merece la reciente inadmisión a trámite por el TC del recurso de amparo que pedía que se respetase el derecho a voto de una joven con Down;  y sobre un sinfín de temas más que hicieron que las más de tres horas que duró el seminario supiesen a poco. Se dio respuesta a muchas preguntas pero también quedaron algunos temas en el tintero, por lo que esperamos que encuentros como estos, en los que Universidad y sociedad intercambian sus pareceres y experiencias sobre un tema de tanta importancia y trascendencia social, se repitan a menudo, pues resultan de lo más enriquecedores para ambas partes.